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domingo, 18 de diciembre de 2011

DESFALCO: Para la memoria colectiva


Enrique Paniagua escribió:

Estimada bloguera, dicen que “no hay nada más viejo que la prensa de ayer”. Hay noticias y artículos que no deben envejecer de un día para otro, bien por el contenido o bien por el análisis de una situación, que debe permanecer para la reflexión y para la memoria colectiva de los ciudadanos, sobre todo, cuando los ciudadanos acuden a las urnas para votar a sus representantes políticos.

Le ruego que para esa memoria, publique usted el artículo que le adjunto de D. Antonio Atienza que acabo de leer en Información/SanFernando.

Muchas gracias por su atención y por “Cositas”.
Enrique.

El Gobierno local pudo intentar hacer la auditoría con un interventor distinto

Información/SanFernando. 17/12 • 23:17 • Antonio Atienza

Los ayuntamientos no pueden contratar auditores externos para examinar las cuentas municipales, salvo en casos especiales entre los que se encuentra la imposibilidad de que el interventor pueda hacerlo por sus propios medios, en cuyo caso y previa solicitud por parte de la Alcaldía, necesitaría una resolución a favor por parte de las autoridades competentes.

Así se recoge en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que indica que “tan sólo a instancias del propio interventor, como responsable de los servicios y titular de las competencias de control interno, procede iniciar expediente de control con este objeto”.

Sin embargo y una vez no ha constado esa instancia para acceder a la contratación de servicios externos para auditar las cuentas tras la presunta malversación de 7,8 millones de euros descubierta a partir del mes de abril de 2009, el Gobierno municipal sí tenía cartas en la manga que no utilizó y que hubiera supuesto contar con un estado de cuentas más tranquilizador para la opinión pública y para la oposición.

Según fuentes consultadas por este periódico, el anterior alcalde, Manuel María de Bernardo Foncubierta, pudo haber solicitado la separación temporal del interventor actual y haber solicitado los servicios de otro funcionario a la Administración General del Estado, con argumentos suficientes como el hecho de que el actual funcionario estuviera al frente del departamento donde se cometió el presunto delito.

Otra cosa es que se hubiera admitido la petición, pero en el caso de que la respuesta hubiera sido positiva, la primera auditoría realizada a raíz de la denuncia presentada en el Juzgado hubiera estado dirigida por un funcionario del Estado debidamente habilitado, como es preceptivo, pero recién llegado a una administración local donde había desaparecido una ingente cantidad de dinero y sin ningún interés en marcharse la manos con algo que habían hecho otros. Por acción u omisión.

El área de Hacienda debería haber estado paralizada varios meses

La posibilidad que pudo haber dejado escapar el ex alcalde de San Fernando, Manuel María de Bernardo, hubiera supuesto paralizar el área de Economía y Hacienda durante cuatro o cinco meses, el tiempo que hubiera tardado el interventor nuevo en finalizar la auditoría y presentar las conclusiones del trabajo.

Eso, que es lo que el Gobierno municipal no quiso que pasara, era sin embargo lo que pedía la oposición municipal e incluso los abogados de los imputados, habida cuenta de que lo ocurrido tuvo mucho que ver con la falta de controles por parte de los funcionarios del Estado, como el propio interventor reconoció en una de sus declaraciones ante la jueza en el mes de noviembre de 2009.

Y todavía no hay ningún robo

El Gobierno actual viene manteniendo que la realización de una auditoría externa no está permitida por la ley y que incluso la consignación del dinero para realizarla puede suponer un presunto delito de malversación de fondos públicos, por cuanto se estaría gastando un dinero en un trabajo para el que existen funcionarios de habilitación nacional para tal cometido.

Es lo que se desprende de algunas sentencias sobre contratación de auditorías externas por parte de administraciones de diverso calado, aunque no existe una doctrina jurisprudencial consolidada al respecto. Sin embargo, sí hay sentencias de tribunales que consideran que se invaden competencias fiscalizadoras de los órganos que las tienen legalmente atribuidas, aunque en nada hace referencia el BOE del 28 de octubre de 2011, página 112597, al gasto de 60.000 euros de las arcas municipales en un contrainforme al emitido por la Cámara de Cuentas de Andalucía a raíz del presunto desfalco.

De esa interpretación de las leyes -porque al no haber doctrina en firme sólo puede ser una interpretación- se deduce que el Gobierno municipal actual no va a gastar los 30.000 euros aprobados por todos los grupos políticos para la realización de la auditoría externa. Por cierto, el mal llamado robo no existe todavía como decía el ex cajero Clemente Ruiz, ya que ese dinero nunca fue cuantificado en las arcas municipales. Y por ende, aún no ha desaparecido.

Además, se había dado el condicionante de falta de medios para desarrollar su misión, hasta el punto de propiciar el presunto delito, y de la misma forma se daría el condicionante de falta de medios para auditar las cuentas.

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